Durante el siglo XIX, España se vio inmersa en tres guerras civiles: las llamadas
guerras carlistas. Bajo la excusa de una disputa dinástica se enfrentaron realmente dos concepciones sociales dispares. Una de ellas pretendía el mantenimiento de los privilegios de unos pocos, lo que se ha dado modernamente en llamar
el antiguo régimen. La postura alternativa pretendía imponer una realidad social
liberal, basada en los principios de la revolución francesa, que aboliera, o al menos limitara, los privilegios de los nobles.
Hoy se propone una breve reflexión: La excusa dinástica que sostuvieron ambos bandos se basó en un incumplimiento de sus propios principios más evidentes.
Es sabido, porque se conserva el documento, que el rey don Fernando VII, en fechas cercanas a su propia muerte, derogó con su firma, en el ejercicio de su poder absoluto, la pragmática sanción que impedía reinar a las mujeres y en particular a su hija mayor de tres años, la futura Isabel II.
En consecuencia se da la paradoja de que el
bando liberal, aquel que pretendía la abolición del poder absoluto del rey, basó en la última decisión absoluta del rey su legitimación.
Y de la misma forma el bando carlista, que pretendía el mantenimiento de un sistema basado en los tradicionales privilegios de clase, desoyó la última voluntad del rey, en el ejercicio de su poder absoluto, para sostener su pretensión.
